Estamos copiando en este nuestro blog, pcvlosguayos.blogspot.com, la intervención que hiciera en el Congreso el Diputado por el Partido Comunista de Venezuela, Alcides Rodríguez, en ocasión del asesinato de Jorge Rodríguez ocurrido el 25 de julio de 1.976.
PARA REFERIRSE A LA MUERTE DEL DIRIGENTE DE LA LIGA SOCIALISTA, SEÑOR JORGE RODRÍGUEZ.
Ciudadano Presidente ciudadanos Diputados: Asistimos con inmensa preocupación al debate que se inicia esta noche en relación al asesinato de Jorge Rodríguez, cometido por un grupo de funcionarios policiales de la DISIP. Y cuando decimos que nos preocupa inmensamente este debate y los hechos que lo han provocado, es porque por un lado, las evidencias son suficientemente demostrativas para señalar que se trata de un cobarde y bárbaro asesinato, pues difícilmente podrían explicarse de otra manera los hechos que se han señalado en esta Cámara, en conexión con múltiples fracturas del tórax, con desprendimientos viscerales y hemorragia interna en el cuerpo de quien en vida fuera dirigente de la Liga Socialista.
Para nosotros no hay la menor duda de que detrás de los cuatros funcionarios policiales hay, con toda seguridad, responsables intelectuales. No tenemos la menor duda de que puede asegurarse que estos funcionarios no actuaron por cuenta propia y que la acción cometida debió haber obedecido a alguna orden de sectores políticos, económicos o sociales del país que, aprovechando sus vinculaciones con el Gobierno Nacional, pudieron haber decretado la realización de un crimen político con una finalidad precisa y determinada.
Es también posible que este asesinato forme parte de la política de servicios internacionales de seguridad, como la CIA, que, a través del “gang de la muerte”, pueden haber iniciado en nuestro país un plan de asesinatos políticos, como denunciara hace ya mas de un mes Tribuna Popular, y del cual haya formado parte el caso de Jorge Rodríguez, Secretario General de la Liga Socialista. Sin embargo, no es necesario mezclar a la CIA, no es necesario mezclar ningún cuerpo extranjero, aun cuando esto, desde luego, no puede descartarse a priori; dentro y fuera del Gobierno pueden haber algunos sectores interesados en crear una situación difícil en el país, con la finalidad de detener posibles repuntes del movimiento popular, y, dentro de este criterio, algunos de estos sectores pueden haber impulsado la mano criminal de estos cuatro funcionarios.
Al decir esto, no estamos haciendo ninguna afirmación categórica. Es evidente que no podemos acusar al Gobierno de ser el responsable de los hechos que hoy discutimos, pero no tenemos tampoco la menor duda de que en el seno del equipo gubernamental, en algunos de sus servicios, en algunas de sus oficinas pueden existir núcleos, sectores con una concepción Política dentro de la cual la violencia, la represión y la provocación puedan ser elementos fundamentales que en un momento dado conduzcan a hechos tan deplorables como el asesinato de Jorge Rodríguez.
Para nosotros es un hecho de todos conocidos, por ejemplo, el creciente deterioro del costo de la vida. También se sabe que cada día es mayor la resistencia a la Política oficial en el campo económico. En este sentido, se puede admitir válidamente que el descontento que provoca una Política económica errónea se exprese ahora o dentro de algunos meses en un repente y en un aumento del combate popular en el país. Como ha ocurrido en otros momentos de la historia venezolana, cuando se producen cambios en el seno del pueblo cuando la resistencia aumenta después de haber pasado por un período de ilusiones, después de haber pasado por un período en que el pueblo estimara que se podrían producir cambios considerables en su favor, la indignación y la protesta incrementadas pueden, fácilmente, traducirse en un aumento notorio y significativo de la lucha de estas masas populares.
Dentro del Gobierno, en algunos de sus sectores, puede haber comenzado a aparecer la idea de que una nueva oleada popular de ascenso, de la lucha de combate contra la política oficial, puede poner en peligro en el próximo torneo electoral las posibilidades victoriosas del actual partido gobernante. Algunos sectores económicos están convencidos de que la política de la gran burguesía hoy está condenada a su derrota, que la política de FEDECAMAS, en la cual se apoya básicamente la del Gobierno Nacional, va a producir, quiérase o no, un callejón sin salida, y piensan que la puesta en práctica de una política semejante sólo es posible sobre la base de la liquidación del movimiento popular, de la liquidación de sus libertades públicas, sobre la base del mantenimiento de las fuerzas que en el país se mueven y se disponen a combatir en toda la línea contra una política equivocada.
A nosotros nos llama la atención que el asesinato de Jorge Rodríguez se realice en un momento en que, por un lado, hay signos evidentes de intranquilidad popular, y por otro lado, algunos personeros del Gobierno, como el Gobernador del Distrito Federal, Diego Arria, arremeten contra el movimiento popular, limitando la posibilidad de manifestaciones públicas en el área metropolitana, arremeten contra los trabajadores asistenciales negándoles el derecho a la contratación colectiva e irrumpen en forma represiva en diferentes institutos asistenciales, acusando a los trabajadores erróneamente, de ser portavoces de algo así como de una insurrección criminal contra la salud del pueblo venezolano. Y nos llama la atención porque pensamos que con los hechos que hemos presenciado en conexión con el Gobernador del Distrito Federal, al impulsar éste cambio contrario a las libertades democráticas establecidas en la Constitución y en las leyes, al impulsar una política de sangre y fuego contra los trabajadores asistenciales, lo que se busca es aumentar y a la vez provocar al movimiento popular para que éste, desbocado queda ser descabezado con facilidad, golpeando sin grandes dificultades, puesto contra la pared y derrotado. No es la primera vez que las clases dominantes, ante un cambio en el nivel y la actitud de combate de las masas, ponen en práctica esta política. En el pasado, ante situaciones similares, ante momentos cruciales para la vida de las masas, ante combates crecientes de éstas por mejorar sus condiciones de vida, otros gobiernos, en otros momentos y en otras oportunidades, han puesto en práctica una política semejante. Y entonces se ha visto, desde las toldas oficiales, entronizar como norma la violación a los derechos humanos, la liquidación física de personemos de la Oposición, la represión indiscriminada, la liquidación de una serie de libertades democráticas, con lo cual han logrado, en cierto sentido, asestar golpes al movimiento democrático y, por la vía de la represión y de la provocación, por la vía de impulsar el movimiento popular a cometer y a incurrir en actos desesperados, descabezarlo sin ninguna dificultad.
Por ello, nosotros tenemos el temor, sin atrevemos, por supuesto, a acusar globalmente al Gobierno de lo que ha ocurrido en el día de ayer, de que algunos sectores oficiales han interpretado equivocadamente las consignas que con el nombre de “Democracia con Energía” hicieron popular al señor Presidente de la República, y comenzar a darle una interpretación torcida, contraria a las aspiraciones legítimas del pueblo venezolano de que se combata la corrupción administrativa, de que se combine la democracia con la fuerza para reprimir el hampa, de que se resuelvan en forma substancial los problemas populares y de que se aplique mano dura a los grandes responsables del desempleo y de las dificultades económicas de los trabajadores. Esto es, a nuestro modo de ver, lo que pensaban las masas cuando en un momento determinado votaron por el actual Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez. Pero existe la posibilidad de que algunos sectores vinculados al Gobierno, en especial sectores que consideran que sus perspectivas de poder se hallen en peligro en los próximos años, puedan interpretar que este sentimiento popular signifique otra cosa: el camino de la regresión, la provocación, la tortura, incluso el crimen.
Por ello creemos que la investigación que acuerde la Cámara de Diputados esta noche debe ser una investigación exhaustiva, que no solo se limite a indagar los hechos accidentales en torno a los cuatro funcionarios policiales que han sido reconocidos culpables por el propio Ministerio del Interior. Estimamos en este momento como una responsabilidad imperiosa del Gobierno el pretender a una depuración completa de los cuerpos policiales, de modo que éstos sirvan al desarrollo democrático del país y de ninguna manera a la represión, la provocación y el asesinato, como puede ocurrir si una depuración previa a una investigación exhaustiva no llega a cambiar las características fundamentales que exhiben los cuerpos policiales en nuestro país.
Esta noche, al ratificar la necesidad de una investigación exhaustiva de los cuerpos policiales al plantear la necesidad de una depuración completa de los mismos, queremos decir que la denuncia que involucro a los parlamentarios Fortunato Herrera y Salón Mesa Espinoza nos parece realmente muy sospechosa, y creemos, como los otros parlamentarios que han intervenido en este debate, que se trata, fundamentalmente de una cortina de humo que busca básicamente alejar las miradas del pueblo del crimen abominable perpetrado en Jorge Rodríguez, para fijar su atención más bien en hechos de este tipo que, al proyectar una imagen negativa sobre parlamentarios de la Oposición en el país, servirán como cortina protectora de este abominable crimen. Este hecho, combinado por ejemplo con fuertes acusaciones sobre pretendidas acciones insurreccionales del movimiento popular, ocurridas especialmente en el caso de los trabajadores asistenciales, nos llama la preocupación y nos llena de angustia. Porque en el pasado también, bajo el mote de extremistas, bajo el lema de implicados en procesos insurreccionales falsos o cierto también, se golpeó al movimiento popular y esta política sólo sirvió para debilitar al movimiento revolucionario y para fortalecer transitoriamente a las fuerzas que en aquel momento defendían los intereses de las clases dominantes.
Por ello pensamos que el señalamiento de los Diputados Fortunato Herrera y Salom Mesa Espinoza pueda ser simplemente una cortina de humo. Tenemos la convicción de que los hechos demostrarán posteriormente que estos Diputados no tienen absolutamente nada que ver con las acusaciones que les formula el actual Ministro del Interior. Durante muchos años hemos conocidos a los Diputados referidos y tenemos la convicción y la seguridad de que son honestos combatientes del movimiento popular y que sobre ellos será difícil que caigan sombras de dudas en cuanto a su conducta.
El Partido Comunista, al terminar su intervención esta noche, desea manifestar que apoya las proposiciones formuladas por el Diputado Rafael Guerra Ramos, pues considera indispensable, esencial para restablecer la confianza popular en los actuales momentos, que se realice una investigación completa de los cuerpos policiales, que se castigue a los culpables y que, de una u otra manera, se trate de indagar no sólo quiénes son los autores materiales -que están ya descubiertos-, sino también quiénes son los responsables que han reabierto otra vez el capítulo del crimen político como un recurso para influir en el desarrollo político nacional.
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